Quetzalli Carolina V\u00e1zquez
\nPor Si Estaban Con El Pendiente.
\n30\/12\/2025<\/p>\n
A la imputaci\u00f3n por terrorismo contra el reportero de nota roja Rafael \u201cLafita\u201d Le\u00f3n se suma ahora un se\u00f1alamiento a\u00fan m\u00e1s delicado: la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) de Veracruz lo acusa de presuntos nexos con el crimen organizado que se sostiene en indicios endebles y criterios alarmantes para el ejercicio period\u00edstico.<\/p>\n
De acuerdo con la carpeta de investigaci\u00f3n, la fiscal\u00eda pretende fincar responsabilidad penal al comunicador por la supuesta colocaci\u00f3n de narcomantas y por el hecho de que, en diversas ocasiones, fue el primero en llegar a escenas del crimen.<\/p>\n
Este razonamiento resulta profundamente preocupante, pues criminaliza una pr\u00e1ctica com\u00fan del periodismo, no solo de nota roja, sino tambi\u00e9n del periodismo de investigaci\u00f3n: obtener primicias y exclusivas.<\/p>\n
El argumento central de la Fiscal\u00eda se apoya en un mensaje de WhatsApp que Rafael Le\u00f3n recibi\u00f3, en el que le dec\u00edan que hab\u00edan dejado \u201cun regalito\u201d y se le proporcionaba una direcci\u00f3n donde despu\u00e9s fue localizado un cuerpo sin vida; a ese mensaje, el reportero respondi\u00f3 simplemente \u201cok\u201d, pero para la Fiscal\u00eda, ese \u201cok\u201d es vinculatorio, prueba de conocimiento previo del hecho y base para imputarle responsabilidad penal.<\/p>\n
El razonamiento va m\u00e1s lejos: la fiscal\u00eda sostiene que Rafael Le\u00f3n debi\u00f3 avisar al 911, como si esa fuera una obligaci\u00f3n legal del reportero, y no hacerlo lo convierte en part\u00edcipe del delito.<\/p>\n
Este criterio preocupa, pues la Fiscal\u00eda confunde deliberadamente el trabajo informativo con funciones de investigaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
En el gremio se recuerda que los reporteros y periodistas recibimos con frecuencia lo que coloquialmente se conoce como \u201cpitazos\u201d: avisos, llamadas o mensajes que alertan sobre un hecho o situaci\u00f3n que est\u00e1 ocurriendo o est\u00e1 por ocurrir; muchas veces, esa informaci\u00f3n llega antes que a las propias autoridades, lo que permite documentar hechos de inter\u00e9s p\u00fablico, obtener exclusivas y dar seguimiento informativo, pero que no equivale a participar en un delito.<\/p>\n
El temor es que la fiscal\u00eda est\u00e9 construyendo un precedente peligros\u00edsimo: convertir la primicia period\u00edstica en prueba criminal y exigir que los reporteros act\u00faen como auxiliares de los fiscales, bajo amenaza de c\u00e1rcel si no lo hacen.<\/p>\n
Lo que hoy genera mayor inquietud es el fondo del caso, que es el hecho de que la fiscal\u00eda parece estar buscando encuadrar conductas period\u00edsticas dentro de tipos penales graves, no para esclarecer delitos, sino para tener herramientas legales que permitan encarcelar comunicadores.<\/p>\n
En ese contexto, el caso de Rafael Le\u00f3n es visto como un ensayo peligroso, un mensaje de advertencia sobre lo que podr\u00eda ocurrirle a periodistas inc\u00f3modos o cr\u00edticos del gobierno de Roc\u00edo Nahle.<\/p>\n
Y todo esto ocurre en medio de un choque de versiones oficiales, pues, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirm\u00f3 que no hay terrorismo en M\u00e9xico, la Fiscal\u00eda de Veracruz, encabezada por Lisbeth Aurelia Jim\u00e9nez, sostiene la imputaci\u00f3n y, posteriormente, la gobernadora Roc\u00edo Nahle neg\u00f3 tambi\u00e9n que exista terrorismo y anunci\u00f3 una reforma al C\u00f3digo Penal, evidenciando que el delito ha sido mal utilizado o forzado.<\/p>\n
El expediente, seg\u00fan la defensa, est\u00e1 mal integrado, con un testigo protegido que, sin pruebas, asegura que Rafael Le\u00f3n recibi\u00f3 dinero del crimen organizado, investigaciones carentes de sustento y ahora, una interpretaci\u00f3n que convierte la primicia period\u00edstica en un indicio criminal.<\/p>\n
Este martes 30 de diciembre, se llevar\u00e1 a cabo la audiencia de vinculaci\u00f3n a proceso, mientras periodistas del sur de Veracruz se manifestar\u00e1n a las afueras del juzgado no solo para acompa\u00f1ar a Rafael Le\u00f3n, sino para defender el derecho a informar sin que el Estado convierta el oficio period\u00edstico en delito.<\/p>\n
Lo que se esperaba, despu\u00e9s de las declaraciones de Claudia Sheinbaum y Roc\u00edo Nahle, es que el delito de terrorismo fuera eliminado de las imputaciones, sin embargo, al revelarse los motivos que llevaron a la fiscal\u00eda a establecer que el delito se cometi\u00f3 por supuestamente colocar narcomantas, se cree que la Fiscal\u00eda sostendr\u00e1 la acusaci\u00f3n, en cuyo caso estar\u00e1 obligada a presentar las pruebas fehacientes de que los delitos se consumaron, es decir, evidencias claras y contundentes y no solo un se\u00f1alamiento verbal.<\/p>\n
El caso es complicado, pues lo que est\u00e1 en juego no es solo la libertad del reportero Rafael Le\u00f3n, sino el derecho de todo el gremio a informar sin que una primicia se convierta en delito, porque si llegar primero a la noticia o tener informaci\u00f3n privilegiada antes que las autoridades es considerado terrorismo o complicidad y si la fiscal\u00eda logra imponer este criterio, el mensaje ser\u00e1 devastador: en Veracruz, investigar, llegar primero y publicar puede costar la libertad, dejando al periodismo oficialmente bajo sospecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"