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La diputada Montserrat Ortega Ruiz present\u00f3 al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que reformar\u00eda diversas disposiciones del C\u00f3digo Civil y de la Ley de los Derechos de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz, cuya finalidad es la creaci\u00f3n del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, como herramienta para inhibir la falta de pago de las pensiones alimenticias.<\/p>\n
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De acuerdo con la propuesta de la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN), cuando el obligado a dar los alimentos se reh\u00fase a entregarlos, una vez emitida la sentencia de pensi\u00f3n alimenticia, adquirir\u00e1 el car\u00e1cter de Deudor Alimentario y los jueces de lo familiar ordenar\u00e1n su inscripci\u00f3n en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.<\/p>\n
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El deudor alimentario deber\u00e1 informar, en un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas h\u00e1biles, al acreedor alimentario o al Juez competente cualquier cambio en su empleo, la ubicaci\u00f3n de \u00e9ste y el puesto o cargo que desempe\u00f1ar\u00e1, a efecto de que se actualice el monto de la pensi\u00f3n decretada.<\/p>\n
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Asimismo, se prev\u00e9 que los juzgados familiares cuenten con una relaci\u00f3n actualizada de los obligados a dar alimentos que cuenten con una sentencia o convenio. El Juez de lo familiar notificar\u00eda al Sistema DIF Estatal qui\u00e9nes hayan incumplido con esta obligaci\u00f3n, para que sea inscrito en el citado registro, transcurridos tres meses de morosidad de manera consecutiva o cinco meses de forma alternada.<\/p>\n
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Por otra parte, se establece que, una vez solventada la deuda por pensi\u00f3n alimenticia, el deudor deber\u00e1 solicitar al Juez de lo familiar competente su baja en el Registro Estatal y \u00e9ste notificar\u00e1 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n al DIF Estatal.<\/p>\n
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Para la debida operaci\u00f3n del registro, el DIF Estatal, por conducto de la Procuradur\u00eda Estatal de Protecci\u00f3n de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes, tendr\u00e1 a su cargo las siguientes funciones: elaborar y mantener una base de datos que incluya a los deudores alimentarios morosos; acatar las resoluciones administrativas y judiciales que ordenen la inscripci\u00f3n y, en su caso, la cancelaci\u00f3n en el registro de obligados alimentarios morosos, una vez cumplidas las obligaciones a que se refiere esta Ley.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, expedir certificados sobre la inscripci\u00f3n o no en el registro, ante el requerimiento simple de personas f\u00edsicas o morales, p\u00fablicas o privadas, y crear, instrumentar y mantener actualizado un sitio de internet, a trav\u00e9s del cual los usuarios interesados podr\u00e1n obtener, en tiempo real, certificados que proporcionen informaci\u00f3n de la existencia o inexistencia de inscripciones vigentes como deudor alimentario moroso.<\/p>\n
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Del mismo modo, la iniciativa prev\u00e9 disposiciones relativas a las inscripciones al registro y la emisi\u00f3n de su respectivo certificado, as\u00ed como las obligaciones de las autoridades estatal y municipales, para la presentaci\u00f3n de un Certificado de No Inscripci\u00f3n, para la conclusi\u00f3n de diversos tr\u00e1mites y procedimientos.<\/p>\n
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En su participaci\u00f3n en la tribuna, la legisladora Montserrat Ortega consider\u00f3 necesario la creaci\u00f3n de este Registro Estatal, toda vez que \u2013indic\u00f3- las personas que resultan m\u00e1s afectadas por el incumplimiento en el pago de las pensiones son las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, al ponerse en riesgo su derecho a la alimentaci\u00f3n.<\/p>\n
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Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Ni\u00f1ez y la Familia.<\/p>\n
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-Pide diputada a autoridades estatales cumplir con Ley en materia de discapacidad-<\/strong><\/p>\n <\/p>\n En la sesi\u00f3n, la diputada Montserrat Ortega present\u00f3 un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretar\u00edas de Protecci\u00f3n Civil (SPC) y a la del Trabajo, Previsi\u00f3n Social y Productividad (STPSP), ambas del Estado, a dar cumplimiento a la Ley 822 en materia de discapacidad, para que sea garantizado el 3 por ciento de empleos de la administraci\u00f3n p\u00fablica a personas con discapacidad, que haya se\u00f1al\u00e9tica braille en los espacios p\u00fablicos e instalaciones que faciliten la movilidad de este sector de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"