Quetzalli Carolina Vázquez
Por Si Estaban Con El Pendiente.
30/12/2025
A la imputación por terrorismo contra el reportero de nota roja Rafael “Lafita” León se suma ahora un señalamiento aún más delicado: la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz lo acusa de presuntos nexos con el crimen organizado que se sostiene en indicios endebles y criterios alarmantes para el ejercicio periodístico.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la fiscalía pretende fincar responsabilidad penal al comunicador por la supuesta colocación de narcomantas y por el hecho de que, en diversas ocasiones, fue el primero en llegar a escenas del crimen.
Este razonamiento resulta profundamente preocupante, pues criminaliza una práctica común del periodismo, no solo de nota roja, sino también del periodismo de investigación: obtener primicias y exclusivas.
El argumento central de la Fiscalía se apoya en un mensaje de WhatsApp que Rafael León recibió, en el que le decían que habían dejado “un regalito” y se le proporcionaba una dirección donde después fue localizado un cuerpo sin vida; a ese mensaje, el reportero respondió simplemente “ok”, pero para la Fiscalía, ese “ok” es vinculatorio, prueba de conocimiento previo del hecho y base para imputarle responsabilidad penal.
El razonamiento va más lejos: la fiscalía sostiene que Rafael León debió avisar al 911, como si esa fuera una obligación legal del reportero, y no hacerlo lo convierte en partícipe del delito.
Este criterio preocupa, pues la Fiscalía confunde deliberadamente el trabajo informativo con funciones de investigación criminal.
En el gremio se recuerda que los reporteros y periodistas recibimos con frecuencia lo que coloquialmente se conoce como “pitazos”: avisos, llamadas o mensajes que alertan sobre un hecho o situación que está ocurriendo o está por ocurrir; muchas veces, esa información llega antes que a las propias autoridades, lo que permite documentar hechos de interés público, obtener exclusivas y dar seguimiento informativo, pero que no equivale a participar en un delito.
El temor es que la fiscalía esté construyendo un precedente peligrosísimo: convertir la primicia periodística en prueba criminal y exigir que los reporteros actúen como auxiliares de los fiscales, bajo amenaza de cárcel si no lo hacen.
Lo que hoy genera mayor inquietud es el fondo del caso, que es el hecho de que la fiscalía parece estar buscando encuadrar conductas periodísticas dentro de tipos penales graves, no para esclarecer delitos, sino para tener herramientas legales que permitan encarcelar comunicadores.
En ese contexto, el caso de Rafael León es visto como un ensayo peligroso, un mensaje de advertencia sobre lo que podría ocurrirle a periodistas incómodos o críticos del gobierno de Rocío Nahle.
Y todo esto ocurre en medio de un choque de versiones oficiales, pues, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay terrorismo en México, la Fiscalía de Veracruz, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez, sostiene la imputación y, posteriormente, la gobernadora Rocío Nahle negó también que exista terrorismo y anunció una reforma al Código Penal, evidenciando que el delito ha sido mal utilizado o forzado.
El expediente, según la defensa, está mal integrado, con un testigo protegido que, sin pruebas, asegura que Rafael León recibió dinero del crimen organizado, investigaciones carentes de sustento y ahora, una interpretación que convierte la primicia periodística en un indicio criminal.
Este martes 30 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, mientras periodistas del sur de Veracruz se manifestarán a las afueras del juzgado no solo para acompañar a Rafael León, sino para defender el derecho a informar sin que el Estado convierta el oficio periodístico en delito.
Lo que se esperaba, después de las declaraciones de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, es que el delito de terrorismo fuera eliminado de las imputaciones, sin embargo, al revelarse los motivos que llevaron a la fiscalía a establecer que el delito se cometió por supuestamente colocar narcomantas, se cree que la Fiscalía sostendrá la acusación, en cuyo caso estará obligada a presentar las pruebas fehacientes de que los delitos se consumaron, es decir, evidencias claras y contundentes y no solo un señalamiento verbal.
El caso es complicado, pues lo que está en juego no es solo la libertad del reportero Rafael León, sino el derecho de todo el gremio a informar sin que una primicia se convierta en delito, porque si llegar primero a la noticia o tener información privilegiada antes que las autoridades es considerado terrorismo o complicidad y si la fiscalía logra imponer este criterio, el mensaje será devastador: en Veracruz, investigar, llegar primero y publicar puede costar la libertad, dejando al periodismo oficialmente bajo sospecha.