Quetzalli Carolina Vazquez
16/12/2025
Por si estaban con el pendiente
El Congreso de Veracruz rompió el silencio y, tras la publicación de esta columna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, reconoció públicamente que sí existe un problema de acoso y abuso dentro del Poder Legislativo, eso no fue una declaración menor ni cómoda: habló de casos de despidos, de procesos judiciales en curso y de la intervención de la Fiscalía General del Estado.
Que un legislador salga a dar la cara en un tema de esta gravedad debe decirse con todas sus letras: no es lo común y debe reconocerse porque la mayoría de las veces prevalece el silencio o la negación en las instituciones y aunque reconocer no equivale a resolver, lo cierto es que sí es un paso positivo y un intento para frenar ese tipo de hechos que no solo violentan y denigran a la mujer sino que configuran delitos.
El diputado Esteban Bautista confirmó que hay antecedentes claros; habló de un trabajador que fue separado del cargo tras señalamientos de acoso mientras otro enfrenta un proceso judicial por denuncias de tres mujeres cuyos nombres permanecen bajo resguardo y, sobre el nuevo caso sostuvo que se tomarán decisiones mientras lanzó una clara advertencia:
«Nosotros no metemos las manos por una persona con esa conducta repudiable».
Lo que ocurre en el Congreso es un uso indebido del poder institucional, donde su prestigio funciona como anzuelo para captar mujeres, pedirles documentos personales y colocarlas en escenarios donde el mérito profesional no importa, pero el cuerpo sí.
Eso no es solo acoso, es abuso de funciones, uso indebido de datos personales, posible tráfico de influencias y un riesgo real de delitos mayores si se comprueba el desvío de recursos o la simulación de nóminas.
El anuncio de que, a partir del próximo año, se modificarán los procesos de contratación —incluyendo exámenes psicológicos y pláticas para el personal— es una medida que va en la dirección correcta pero también deja al descubierto una verdad incómoda: hasta ahora, el Congreso contrataba sin filtros suficientes, permitiendo que personajes así operaran impunemente.
Las mujeres afectadas no piden discursos ni promesas, piden saber si su nombre fue usado sin consentimiento, si enfrentarán consecuencias legales por actos que no cometieron, piden protección; Esteban Bautista la ofreció, eso también hay que decirlo y reconocerlo pues no las minimiza, no puso en duda sus dichos y no negó los hechos sino que actuó en consecuencia.
Este tipo de casos no deben tratarse como una anécdota administrativa ni como un “error de personal” porque es una falla estructural que exige investigacion y sanciones para dejar claro que el Congreso no es una agencia de reclutamiento para intereses privados.
El diputado ya habló, ahora falta lo más difícil y cuando digo difícil es por una razón: hay empleados protegidos por el sindicalismo y esa es la razón por la cual sigue laborando en el Congreso el empleado que reconoció Esteban Bautista que condicionaba a las empleadas la asignación de cargos y tareas.
La protección sindical es la que permite a ese empleado seguir siendo parte del Congreso y ese caso es el que la Fiscalía debe resolver con urgencia pues la única forma de prescindir de sus servicios es con una orden judicial. Incluso, dijo Esteban Bautista, el señalado podría ser detenido y encarcelado si así lo determina la FGE pero mientras eso no ocurra, el personaje en cuestión seguirá «trabajando» y cobrando quincenalmente.
Que el congreso haya hablado, que actúe con firmeza, transparencia y sin proteger a nadie, es importante, necesario, urgente y una exigencia ciudadana a la que le seguiremos la pista.