• Piden nominarla “Ley Myrna” por ser el caso cero, detectado en Veracruz: Teresa Carvajal.
Irineo Pérez Melo.- A siete meses de haber solicitado al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado de Veracruz un blindaje constitucional para proteger los apoyos sociales otorgados a los adultos mayores (Pensión del Bienestar), en la fecha que no se tiene ninguna respuesta por parte de los legisladores federales y locales a este planteamiento.
Esto lo dio a conocer Teresa Carvajal Vásquez, representante legal de El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, A. C., quien dijo que en febrero del año en curso se tuvieron acercamientos con legisladores del Senado de la República y el Congreso local, a fin de promover una modificación constitucional y se evite que Sofomes o financieras “secuestren los programas sociales”.
Cito el caso de Myrna, una adulta mayor de 68 años, a quien le retuvieron su pensión del bienestar por orden judicial derivado de una demanda amañada de una SOFOM, por un supuesto adeudo inicial de $50,000.00 y que por los intereses que se le están cobrando ya es una cantidad que no puede cubrirla.
Es por ello que se iniciaron acercamientos con los responsables de hacer las leyes en nuestro país, pero a la fecha lo único que se ha notado es un “profundo y grave desinterés de parte de ellos”.
También, dijo que tocaron la puerta de la Delegación Estatal de Programas del Bienestar de Veracruz, a cargo de Juan Javier Gómez Casarín, para pedirle su impulso en esta iniciativa, e hicimos un exhorto público a los tribunales porque este caso debe resolverse con perspectiva de género y considerando la edad avanzada de Myrna.
La barzonista expresó que a los diputados, con la postura asumida no les ha importado que los programas sociales están siendo secuestrados por financieras usureras que, con mentiras y deudas simuladas, le quitan su dinero a los adultos mayores.
Pese a esta situación, la representante legal de El Barzón en Veracruz señaló que siguen peleando en tribunales, donde “el caso se encuentra en fase de excepciones procesales; no obstante, en fecha 26 de junio, ya se logró cancelar el embargo precautorio sobre su pensión jubilatoria y de la del Bienestar, pues el propio Juez concedió dejar sin efectos la orden de inmovilización de las cuentas bancarias especificadas, subsistiendo la orden sobre las demás”.
Está resolución, indicó que no es una determinación en definitiva, pues el caso continúa, por lo que reiteró el llamado urgente “para que se frenen los descuentos del 100% a la Pensión del Bienestar, que se revise a fondo el proceso que enfrentamos”, que es una muestra fiel del desinterés que las instituciones tienen sobre nuestra población vulnerable.
Insistió, que, debe modificarse el artículo 4º Constitucional para adicionar el párrafo de “inembargabilidad de los apoyos sociales”, para asegurar que nadie pueda secuestrar los apoyos sociales en el país, solo así tendremos garantías de que los grupos más desprotegidos tengan acceso a una vida digna y a un efectivo bienestar, pues dijo tener conocimiento de que hay por lo menos cinco casos de este tipo en la entidad, en dónde los afectados por falta de recursos no pueden hacer las promociones legales correspondientes, concluyó