*Además denuncia maltrato de la titular del Jurídico para presionarlo a firmar acta de entrega-recepción, cuando él no recibió nada.
Irineo Pérez Melo.- Orlando Uziel Muñoz Tejeda, empleado de la Contraloría General del Estado, denunció el despido injustificado de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción y Función Pública, que fue objeto, además de recibir maltrato por la titular de la Dirección Jurídica, Milo Lucía Mena Aguilar, al presionarlo para firmar un acta entrega-recepción.
En conferencia de prensa, dijo sentirse maltratado por parte de la contralora Mercedes Santoyo y su secretaria particular Beatriz Mulato Ostos, además de que no le han pagado sus emolumentos desde que ingresó el pasado 8 de febrero, por lo que pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su intervención para que este acoso laboral que sufre se termine.
Dio a conocer que ya interpuso queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que en breve presentará una demanda laboral ante la las autoridades del ramo, confiando que se le dé seguimiento a su caso.
Insistió en que recibió trato indigno por parte de funcionarios de la dependencia estatal mencionada, por lo que pedirá una revisión de su caso ante el área de Fiscalización Interna, sobre todo por la presión que le hace la titular del Jurídico para hacer la entrega recepción, de la cual cuando él ingreso no la tuvo, pero que a pesar de ello cumplió con la responsabilidad encomendada.
Dijo tener conocimiento que Beatriz Mulato Ostos no reúne el perfil académico para ocupar el cargo que ostenta, y presumió que la acción emprendida en su contra se deriva por la exigencia de una explicación del por qué se le rescinde laboralmente, de la cual hasta la fecha no le han aclarado nada.
Recordó que el pasado 31 de marzo fue notificado por el área de Recursos Humanos, Iris Teresa Magaña Jiménez y Alfonso García Sánchez, que ya no seguiría laborando en esta dependencia, del que nunca se le dijo el porqué de esa medida, puesto que no ha firmado contrato alguno.
Ante esto, pidió el apoyo del Ejecutivo del Estado para que intervenga y se le cubra las percepciones a que haya lugar.