*Fiscalía interina no puede
La crisis de inseguridad que padece Veracruz y que no se ha podido contener al menos por los ya no tan nuevo administradores, avivó este fin de semana la versión de que en breve habrá ajustes en el Gobierno del Estado producto de un acuerdo tomado en Palacio Nacional, se trata una cuña desde la Secretaría de Gobierno y no como muchos presumen en el sentido que de el titular del Ejecutivo sea removido.
De acuerdo a la Constitución actual no es posible una remoción pactada. Es decir, enfermar al Ejecutivo o asignarle otra tarea en el ámbito del gobierno federal, porque esto obligaría a convocar a nuevas elecciones, esa condición solo aplica en los caso en los que el titular del Ejecutivo estatal haya cumplido dos años en el cargo para evitar nuevas elecciones.
Pero lo que sí es posible, es proponer desde el Centro del país a un sustituto de Eric Cisneros Burgos para que se haga cargo de todo el estado con el propósito de detener el deterioro del gobierno que se aceleró o más bien no ha encontrado rumbo en el primer año de ejercicio.
Los veracruzanos que se mencionan para que, a través de esa operación política se devuelva un poco de certidumbre a Veracruz son dos; Rafael Hernández Villalpando, ex rector de la Universidad Veracruzana, ex alcalde de Xalapa y actual Diputado Federal por MORENA y el actual senador con licencia y Director General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Ahued Bardahuil, quien también ha sido alcalde de Xalapa y diputado local.
Las versiones de políticos bien informados indican que los movimientos se registrarán tras pronto concluya el primer año de la administración y su respectivo informe, poco menos de un mes.
Fiscalía no puede
La Fiscal General interina de Veracruz, Verónica Hernández deja pasar las oportunidades de demostrar eficiencia y quedarse en el cargo como parece ser la intención, en los primeros 60 días como responsable de la impartición de justicia no se observan resultados en el castigo a los actos delictivos, sino todo lo contrario, las estadías de comisión e impunidad aumentan como espuma.
Ni siquiera en contra de los adversarios de la actual administración se ha podido aplicar la ley, ya que Jorge Winckler Ortiz y sus colaboradores cercanos siguen prófugos de la justicia y la inteligencia ministerial no los ha podido ubicar para detenerlos.
La lista de expedientes archivados y sin avances son muy abultadas y cada día se suman más. Además, se complican con casos como el lamentable y artero asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios.
La Fiscal de Veracruz no hizo una sola declaración sobre el crimen, en su lugar habló el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para señalar que darán con los responsables del artero asesinato, pero con la ayuda de equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, es decir, no hay confianza en la capacidad de la Fiscalía estatal, aunque hay que reconocer la humildad de admitir las limitaciones en el estado.
A estas alturas a los veracruzanos ya no les importa si la ley se aplica en el nivel estatal o federal, lo que quieren es que se reduzca o acaben los hechos delictivos que lo mismos enlutan familias que dejan en la calle a los veracruzanos lechones que buscan su patrimonio con el esfuerzo diario y ni que decir de las denuncias de violaciones o feminicidios.
A escasos días del primer informe de gobierno de Cuitláhuac García, las cosas en materia de seguridad e impartición de justicia ofrece un desalentador panorama y alcanza a la clase política con la lamentable muerte de un diputado, mientras que las clases populares la inseguridad es pan de cada día y embarra a las policías municipales y estatales.