- Emite una resolución para dotar de 240 hectáreas en un predio donde se ubica un asentamiento humano con más de 1,200 habitantes,
- Se pide que no se ejecute o de hacerlo se dé con el cumplimiento sustituto: Saturnino Melchor.
Irineo Pérez Melo.- Ejidatarios de El Mesón, municipio de Ángel R. Cabada, denunciaron la opacidad, omisión y corrupción con la que operan funcionarios, tanto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Agrario, al no dar la posesión de sus parcelas como debió hacerse y creó un conflicto interno.
Saturnino Melchor Pérez, presidente del comisariado ejidal de El Mesón, dijo que en el 2002 las autoridades agrarias correspondientes emitieron una sentencia que ordena la restitución de más de 70 hectáreas a un grupo de ejidatarios, cuestión que no se puede afectar en una resolución presencial de un núcleo agrario.
Sin embargo, dijo que el Tribunal ya resolvió, pese a que existe un avance del cumplimiento sustituido de un Juez de Distrito y el Tribunal pretende ejecutarlo en una fracción del terreno donde hay un asentamiento humano de más de mil habitantes, generando con ello un conflicto social.
El representante ejidal pidió el respaldo del gobierno estatal porque está acción jurídica del Tribunal puede generar un problema social mayor, porque los que viven en ese asentamiento humano no van a permitir que se ejecute esta sentencia.
Expreso que desde que se emitió este resolutivo se han presentado más de 30 intentos de desalojos, el cual no se ha podido ejecutar por la fuerte oposición mostrada por los habitantes del asentamiento humano.
Recordó que el ejido tiene 1,300 hectáreas de dotación y 240 de ampliación, y el conflicto que allí se tiene data de más de 50 años atrás.
De ahí que la exigencia es que no se dé cumplimiento a esa ejecución o que se ejecute con el cumplimiento sustituto, toda vez que se afectan viviendas, escuelas, iglesias y servicios públicos, pues al ser un asentamiento humano ese resolutivo pretende desaparecerlo, añadió.
Recordó que desde julio de 2002 ha habido más de treinta intentos de ejecutar dicha decisión del juez, la gente resiste, se opone y ha habido hasta heridos.
Dicha resolución favorece a un grupo de ejidatarios del mismo ejido que resultaron beneficiados con la ampliación de la dotación de tierras al mismo ejido.
Es de señalar que en la manifestación que realizaron en la Plaza Sebastián Lerdo, representantes de otros ejidos del estado brindaron su respaldo a los ejidatarios de El Mesón, ya que por una mala actuación de funcionarios corruptos del Tribunal Agrario 40 de San Andrés Tuxtla, afectan a más de mil 200 habitantes, dijo Armando Zamarat, quien denunció que esos funcionarios “siempre han provocado conflictos derivado de sus intereses personales”.
Por tal motivo, solicitó se otorgue una solución definitiva a la ejecución que se tendrá el día 11 de julio del año en curso, responsabilizando al poder judicial de la federación y al juez tercero de distrito por su incompetencia y por no actuar en favor de la justicia, de lo que allí suceda.
“Los ejidatarios estamos en pie de lucha, pero no queremos más acontecimientos como los ocurridos recientemente en el Ejido Limón Totalco, en el municipio de Perote, en dónde se dieron enfrentamientos entre ejidatarios y elementos policiacos con resultados funestos, y después del “niño ahogado, tapar el pozo”.
Acusó de manera directa al magistrado Alberto Pérez Gasca, de proteger a funcionarios y abogados de San Andrés Tuxtla para que se ejecute la resolución emitida para favorecer a un pequeño grupo de ejidatarios que resultarían beneficiado con la ampliación del ejido.