Muchas regiones del país (¿todas?) están en manos del crimen organizado. Se han ido extendiendo como mancha, como el sereno o la niebla invaden el campo y la ciudad, como la obscuridad avanza sobre la tierra al caer la noche. Parece no haber fin ni tampoco límites. Desde hace más de una década se especula sobre las grandes cantidades de dinero que generan, sobre los grandes capitales que amasan.
Ese gran capital es a costa de muchas vidas que se pierden, dentro de las mismas organizaciones delictivas y en la población civil. Los problemas de salud y violencia asociados a las drogas, las muertes por arma blanca o de fuego, la carencia de escrúpulos de los tratantes de personas, o de los traficantes de órganos, por decir los menos. El crimen organizado transnacional está igualmente activo, siempre cambiante, adaptándose a los mercados y dando lugar a nuevas formas delictivas.
Los negocios ilícitos trascienden las barreras culturales, sociales, lingüísticas, geopolíticas, los tipos de cambio, el lavado de dinero, etcétera. Un juego sin reglas ni normas de conducta y con jugosas ganancias que se extienden al tráfico de armas, las falsificaciones, el delito medioambiental, los delitos contra la propiedad privada y la identidad, ventas fraudulentas por internet, y un nuevo etcétera.
Desde las células delictivas hasta los cárteles, han asolado a muchas regiones del país. Con las políticas de detención de grandes capos, se ha dado las desintegración o la segmentación de algunas de estas agrupaciones al quedarse sin cabeza o sin líder, pudiéndose convertir en subgrupos violentos por hacerse del control de la organización o recuperar sus territorios de influencia.
Es claro que la delincuencia organizada es un problema que afecta seriamente al país. A cualquier país. Dice el Artículo 16 Constitucional, en su párrafo 9º, que «Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia».
Dice la ley de la materia, es decir, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), en el Artículo 2, que se dan ese tipo de organización delictiva cuando tres o más personas se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos siguientes: terrorismo, acopio y tráfico de armas, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, tráfico de indocumentados y de órganos, corrupción de personas menores de edad, pornografía organizada, turismo sexual o lenocinio en contra de menores o incapaces, asalto, secuestro, tráfico de menores, operaciones con recursos de procedencia ilícita, intervención ilegal de comunicaciones privadas, robo de vehículos y trata de personas.
La investigación, persecución, sanción y, aún más, la prevención de las actividades ilícitas que se realizan en el mundo donde las fronteras geográficas parecen inexistentes, es mucho más difícil que en el caso de la delincuencia común. Aquella suele no tener rostro y se encuentra infiltrada en donde menos podemos imaginar. Este es sólo uno de los muchos males de México.
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