La tarde de ayer fue denunciado ante la Fiscalía General de la Republica, la Fiscalía General del Estado, el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz y la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda el Presidente Municipal de Naolinco, Veracruz de extracción panista Roberto Reyes Aguilar por el desvió de recursos públicos para favorecer la campaña de su hermano Candidato a la Presidencia Municipal Narciso Reyes Aguilar.
En la denuncia se observan gastos sin comprobar del H. Ayuntamiento en la compra de material para la construcción que se reparte a familias enteras, la renta y uso de maquinaria para el mejoramiento de propiedades privadas a cambio del voto, el ingreso reciente de diversas personas a la nómina del ayuntamiento, el exceso y uso indebido de dinero público entregado de manera directa a la ciudadanía, quedando lo anterior acreditado con fotografías, grabaciones de audio, grabaciones de video, capturas de whatssap y testimonios que ya constan en la carpeta de investigación en donde también están denunciados Santos Daniel Reyes Martínez, Odilón Duran, Martin Hernández, entre otros implicados, quienes son los encargados de llevar a cabo estos ilícitos en vehículos del ayuntamiento o particulares en diversas horas del día, noche o madrugada o en automotores de empresas de venta de materiales que ya están siendo investigadas por su correlación con los denunciados y que con la reforma al Código Penal no alcanzan fianza ni arraigo domiciliario por ser delito grave.
Así mismo se observa que se solicitaron inspecciones ministeriales de verificación a los lugares donde se lleva a cabo entrega de materiales o uso de maquinaria y certificar el origen ilegal de recursos públicos, tanto en la cabecera como en localidades.
Fuentes cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la Republica mencionan que existen todas las pruebas para girar las órdenes de aprehensión correspondientes o ser detenidos en flagrancia, mencionado que el compromiso de las instituciones en materia de impartición de justicia es salvaguardar los recursos del pueblo y fijar penas severas a los responsables de delitos graves.