*Sección 56 del SNTE solicitó prórroga desde el 20 de mayo y la Contraloría General del Estado no ha emitido respuesta alguna
Irineo Pérez Melo.- A escasos 3 días de concluir el plazo para la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos, sobre todo los que laboran en el sector educativo, los profesores del sistema educativo de los sistemas transferidos y estatal enfrentan serios problemas para realizar su trámite, debido a la saturación de la plataforma, lo que ha imposibilitado a la mayoría de ellos subir la información solicitada.
De acuerdo a la información proporcionada, la determinación de presentar la declaración de situación patrimonial se acordó desde el 2019, derivada de la reforma que se hizo a la Ley General de Educación, en donde los profesores fueron considerados como servidores públicos, por lo cual se hace obligatoria cumplir con esta disposición legal.
A partir de ese año, la medida fue aplicada en la Ciudad de México y al año siguiente en la zona metropolitana, por lo que, a partir de este año, se hizo extensiva a todas las entidades del país, como es el caso de Veracruz, en donde los aproximadamente 150 mil trabajadores de la educación deberán cumplir con esta disposición.
Dirigentes magisteriales de la entidad, dijeron que sus agremiados están dispuestos a cumplir con la medida, sin embargo, ha falta mayor información por parte de las instancias correspondientes para que los obligados puedan cumplir con este requisito legal.
Aunado a ello, la plataforma digital establecida por la Contraloría General del Estado en donde debe registrarse y subir la información requerida, ha resultado insuficiente para poder cumplir con este mandato en el plazo establecido, ya que se han dado situaciones en las cuales los maestros no han podido acceder a la misma.
Ante esta situación, en el caso particular de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el pasado 20 de mayo, en un oficio dirigido a la ingeniero Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, signado por su secretario general Mario Hernández Sánchez, solicitó se otorgue “una prórroga para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses a los trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz”.
El fundamento de dicha solicitud, estriba en que “está causando dificultad para requisitarla debido a las dudas que se generan en la plataforma (Declaraver), así mismo, consideramos que se debe tomar en cuenta las condiciones de seguridad por la pandemia que estamos pasando”.
La organización sindical manifiesta su compromiso para ser coadyuvantes en el cumplimiento de dicha obligación, señala el documento, del cual hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.
Sobre el particular, Eliseo Islas Chagoya, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Telebachillerato y Servicios Educativo (SITTEBA), expresó que esta medida es obligatoria para todos y se debe presentar a más tardar el 31 de mayo, y lo deben hacer no solo los docentes, sino todos los servidores públicos.
Para ello, dijo hay que registrarse e ingresar a la página de la Contraloría General del Estado en la Sección de Declaración Patrimonial, en donde se debe determinar si es declaración patrimonial simplificada o completa de acuerdo a los ingresos netos mensuales.
Para llevar a cabo la declaración se debe tener a la mano el nombramiento, grado máximo de estudios y talones de cheque; una vez elaborado el documento, imprimir el acuse y carta de aceptación, anexar una copia de identificación oficial vigente y entregarlo a las oficinas respectivas de la Contraloría General del Estado.
A decir de muchos docentes, la dificultad que se ha encontrado para cumplir con esta disposición es que la plataforma, al estar totalmente saturada, porque son muchos los usuarios que desean subir su información y evitar las sanciones que la ley en la materia establece por el incumplimiento de la misma.
Confiaron en que a más tardar el lunes, fecha en que vence el plazo para cumplir con este ordenamiento, se tenga una respuesta por parte de las autoridades de la Contraloría General del Estado de la solicitud a la prórroga solicitada para cumplir con la normatividad vigente por los casi 150 mil docentes federales y estatales de la entidad veracruzana.